Cortijo El Romeral y la construcción de un hotel a 900 metros de Genoveses.
Una finca de 3.400 hectáreas y 17 km de playas, embrión del Parque Natural Cabo de Gata, patrimonio del Grupo Playas y Cortijos, cuyos dueños son los herederos de José González Montoya (1), marido de Doña Paquita Díaz Torres.
A la izquierda de la imagen está el cortijo El Romeral, la que fue la vivienda grande de la familia dueña de la cortijada.
A la derecha, está la zona denominada de "Las Chiqueras"; espacio dedicado antiguamente a los animales: cabras, cerdos, caballos, etc.
A lo largo de los años, las chiqueras han sufrido distintas transformaciones y usos, como por ejemplo una fábrica de quesos artesanales que, según dicen algunos testigos, una vez recibido el dinero de la subvención sacaron la maquinaria sin desprecintar de la presunta fábrica.
Es decir, el lugar ha pasado desde corrales de ganado ovino y caprino a un ecomuseo usado como espacio de "celebraciones". Consiguiendo asentar un chiringuito que terminó siendo un restaurante bajo el nombre de La Fábrica con una capacidad para 350 personas, donde se celebran también eventos y bodas.
Este es el sitio donde se pretende construir el polémico proyecto de un hotel de 4 estrellas con 30 habitaciones, piscina, aparcamiento para 70 coches, rehabilitando (construyendo) sobre los edificios de las antiguas chiqueras.
Desde una inocencia fingida e interesada, el Grupo Playas y Cortijos (que pertenece a Torres y González Díaz SL, herederos de José González Montoya y de Doña Paquita Díaz Torres), afirman que “la familia y la propia empresa están desconcertadas por el revuelo que este proyecto ha generado”. Insistiendo en que no se construye nada, sino que se “rehabilitan edificaciones existentes sin aumentar ni un metro su superficie” (mismo discurso de la Delegación de Agricultura de la Junta). Asegurando que, la mayor diferencia, es transformar un edificio de corrales en habitaciones.
Sin embargo, olvidan decir que hay un cambio de uso que vulnera el planeamiento urbanístico de la zona, cambio de uso agrícola a turístico en una zona con protección bastante alta.
Lo tremendo, en lo que debe ser el 'giro verde' del Presidente de la Junta de Andalucía plasmado en su normativa ambiental, es que la Junta aprobó un dictamen favorable para hacer un cambio de uso agrícola de un cortijo a uso turístico, basado en la "utilidad pública" e "interés social". Una auténtica desfachatez, cuando la utilidad pública no se justifica por ningún lado (la demanda de plazas hoteleras en la zona está más que cubierta) y cuando el único interés social es el societario de un negocio privado en un espacio natural virgen y que es Reserva de la Biosfera.
De seguir el proyecto-negocio, será un aviso a navegantes, que entraña serios problemas y peligros en el Parque Natural y en el entorno.
Problemas, entre otros, como el suministro de agua, las conducciones de aguas limpias y sucias, conexión con el alcantarillado que tendrían que atravesar zonas B1 y B2 de elevada sensibilidad ambiental.
Peligro, si se materializa el hotel, al abrir la puerta a que se haga lo mismo en todas las grandes cortijadas de la zona (cortijo Genoveses, El Romeral, Mónsul...) en el mismo camino, y en otras zonas.
Favoreciéndose así la alteración y afectación del entorno natural y medioambiental, por la construcción especulativa en el territorio con un urbanismo que ahora ya está desbocado y un turismo masivo que dañará los recursos medioambientales y que, lejos de una propaganda interesada, no asegurará al entorno local actividad económica viable a largo plazo.
Una barbaridad que se está a tiempo de parar. En una zona virgen, hasta ahora, que se mantenía en unos términos razonables fuera de la cultura de enladrillar todo espacio o suelo libre.
Aprendamos de lo que se decía en los años 60 y como acabó todo, a través de los sucesivos booms inmobiliarios en todo el litoral mediterráneo atraídos por el potencial turístico y sin otro objetivo que el beneficio económico, provocando enormes cambios en términos sociales, urbanísticos y ambientales.
Las políticas de crecimiento del ladrillo a cualquier precio, que normalmente benefician solo a unos pocos, tienen unas consecuencias económicas y ambientales catastróficas para el resto, afectando a la calidad de vida de las personas que viven en el entorno y no garantizando un crecimiento sostenido sino la degradación de los recursos naturales, el impacto ambiental y paisajístico (recursos de la economía de la zona), por no hablar de la exposición mayor al cambio climático. Las consecuencias de esa voracidad especulativa en el pasado y un presente miope y negacionista para seguir con el negocio, lo estamos viendo y viviendo. El resultado, ejemplos como en la catástrofe de Valencia por la construcción en zonas inundables.
(1) Algún día hablaremos del personaje y de todos los prohombres de Almería, en la España liberal y desamortizadora del siglo XIX, que se hicieron con los terrenos de 7.000 hectáreas con 17 km de costa.
